«Exigimos que se declare la Emergencia nacional en discapacidad. Esto asegurará los derechos fundamentales de las personas con discapacidad«, plantea la iniciativa, que tiene puntos de concentración no solo frente al Congreso de la Nación sino también en la plaza San Martín de Córdoba Capital; en la Plaza Roca de Río Cuarto; en la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe y frente a la Legislatura de Mendoza, entre otros.
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo anunció el tratamiento del tema en el recinto el próximo miércoles. “Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”, aseguró el impulsor de la iniciativa.
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad establece, hasta diciembre de 2027, medidas para asegurar acceso pleno a prestaciones de salud, educación, trabajo y protección social; regularización de pagos atrasados a prestadores y actualización de aranceles; cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y beneficios para las empresas que las contraten y fortalecimiento de los servicios básicos y de atención. Todo esto, en el marco de una crisis creciente, entre otras cosas sin actualización del Nomenclador nacional de prestaciones, que pone al sistema al borde del colapso.
«Es problema de la familia, no del Estado»
Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dejó bien en claro cuál es la política del gobierno de Javier Milei frente a los discapacitados: «si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado», contó Marlene Spesso, mamá del influencer y activista acerca de autismo Ian Moche que le dijo Spagnuolo.
“Que diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos y en realidad él nos hizo un cuestionamiento también, que fue literalmente ‘Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no’”, contó a su vez Moche que le dijo el titular de la Andis.
