A lo largo de los años, la empresa fue señalada en investigaciones judiciales y periodísticas por presuntos hechos de corrupción en contratos militares firmados con países como Pakistán, Malasia, India y Brasil. En la mayoría de los casos, las acusaciones apuntaron al pago de coimas a funcionarios públicos y a la utilización de intermediarios para direccionar licitaciones.
Ese historial llevó a que en 2017 la compañía encabezara el Ranking de Corrupción Militar elaborado por el Compendium of Arms Trade Corruption del Fletcher School de la Universidad de Tufts, en un informe realizado para la World Peace Foundation.
Silencio oficial y denuncias locales
Consultado por Ámbito en su momento, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, no respondió sobre los motivos que llevaron a elegir al astillero francés para la eventual construcción de las lanchas OPV.
La falta de explicaciones se mantiene hasta hoy, quien la sucedió en el cargo, Alejandra Monteoliva, formaba parte del mismo equipo de conducción. En paralelo, se presentó una denuncia por una presunta licitación direccionada.
Además, sobre la exministra de Seguridad y actual senadora pesa un antecedente reciente. En noviembre de 2024, la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la compra directa de cuatro lanchas al astillero Israel Shipyards, realizada durante su gestión, tanto por el sobreprecio como por la opacidad del procedimiento.
Según el organismo de control, la operatoria se apartó de la normativa vigente y no permitió evaluar la razonabilidad del gasto público.
A fines de 2025 el gobierno nacional aprobó el financiamiento para la adquisición directa de cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de euros, mediante un préstamo del Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, tal como consta en el decreto 924, emitido el 26 de diciembre de ese año.
Los orígenes de las denuncias contra la empresa naval francesa
Las denuncias contra Naval Group se remontan a 1994, durante la venta de tres submarinos a Pakistán. El entonces astillero estatal DCNS habría pagado 51 millones de euros en sobornos a funcionarios de ese país; parte de esos fondos, según la Justicia francesa, habría sido canalizada hacia la campaña presidencial de 1995 de Édouard Balladur, a través de intermediarios internacionales.
El periodista e investigador Jean Guisnel, especialista en corrupción en la industria armamentística, documentó que entre 1991 y 2002 DCNS destinó entre el 8% y el 10% del valor de sus ventas a los llamados «gastos comerciales excepcionales», un eufemismo utilizado para encubrir el pago de comisiones ilegales. Hasta 1999, cuando Francia adhirió a la Convención de la OCDE contra la Corrupción, esas prácticas no solo eran legales, sino también deducibles de impuestos.
Ya en el siglo XXI, uno de los casos más resonantes fue el de Malasia. En 2024, la Fiscalía Nacional Financiera de Francia solicitó llevar a juicio a exejecutivos de DCNS y de Thales por la venta de submarinos realizada en 2002, bajo sospecha de sobornos al entonces ministro de Defensa malasio, Najib Razak.
En 2016, la compañía volvió a quedar en el centro de la polémica tras la filtración de planos sensibles de los submarinos Scorpène vendidos a India. Un año después, en 2017, el astillero DCNS pasó a denominarse Naval Group, en un intento por despegarse del cúmulo de escándalos pero continúa siendo controlada mayoritariamente por el Estado francés, con participación del grupo Thales.
Otro antecedente relevante surgió en Brasil, donde fiscales investigaron si DCNS pagó sobornos en el contrato firmado en 2008 para la venta de cinco submarinos, una operación de 7.500 millones de dólares que quedó bajo la órbita del Lava Jato, según informó Le Parisien y retomó Ámbito.
Una denuncia penal en la Argentina
En el plano local, a ese historial se suma una denuncia penal presentada por el ingeniero naval Raúl Podetti, quien sostiene que la licitación para las lanchas OPV habría sido direccionada a favor de Naval Group. La empresa francesa trabajaría en asociación con el astillero marplatense SPI, aunque especialistas del sector advierten que este último no contaría con la capacidad física necesaria para llevar adelante el proyecto.
