La Diputada ingresó un proyecto en el Congreso de la Nación solicitando al Gobierno Nacional que se regularice el pago de las prestaciones básicas establecidas en la Ley N° 24.901 y que se aplique una actualización trimestral de los valores establecidos por el nomenclador de acuerdo al índice inflacionario.
Es que, actualmente, los prestadores de servicios de salud del área de discapacidad percibieron aumentos muy por debajo del valor inflacionario. Con una inflación del 112% en el último año y del 7,8% en mayo, recibieron un aumento del 4,5%. Un monto muy por debajo pero que, además, queda devaluado al propio mes porque los pagos se efectivizan recién entre 90 y 120 días después.
“El conflicto por las condiciones laborales del sector impacta directamente en los derechos de las personas con discapacidad. Y si bien es de larga data se acentuó en los últimos meses a partir de los últimos aumentos anunciados”, explicó Tejeda. “No se trata solo de los honorarios personales, sino también de la reducción de los tratamientos de los pacientes, que son personas con discapacidad que necesitan recibir sus terapias”.
Esta situación genera un grave perjuicio económico a los prestadores, en su mayoría profesionales independientes y MiPyMEs, que no cuentan con herramientas financieras que permitan paliar la situación. Todo esto, pone en riesgo la posibilidad de continuar con los servicios y prestaciones, fundamentales para las personas con discapacidad.
“Desde el Gobierno Nacional, tanto como desde el Provincial, no se están garantizando los derechos de las personas con Discapacidad. El mejor ejemplo es la cantidad de personas que no tienen autorizados sus tratamientos por las obras sociales sin ningún tipo de justificación o que al día de hoy no tienen transporte porque cada día hay menos transportistas por los honorarios que perciben. No podemos seguir vulnerando los derechos de quienes más lo necesitan”.