Desde la CGT remarcan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo tienen como objetivo debilitar a las organizaciones sindicales, desfinanciándolas para facilitar un modelo de flexibilización laboral y reducir la capacidad de representación de los trabajadores.
También cuestionaron lo que considera una aplicación selectiva de las leyes por parte del Gobierno: «Si ellos no cumplen la ley universitaria, ¿por qué vamos a acatar una ley con semejante impacto negativo?», plantearon los dirigentes sindicales.
Por qué la CGT podría llamar a un paro general
Las críticas al rumbo laboral de la administración nacional también llegaron al plano internacional. Durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, denunció al Gobierno argentino por incumplir normas internacionales y avanzar sobre derechos laborales históricamente reconocidos.
En su exposición, afirmó que la gestión de Milei impulsa una transformación profunda de las relaciones laborales bajo la premisa de que las protecciones a los trabajadores constituyen un obstáculo para el crecimiento económico. Además, cuestionó la reducción de áreas estatales vinculadas al trabajo, los despidos de personal especializado y el recorte de la planta de la administración pública.
De acuerdo con la información publicada en C5N.com, este escenario alimenta la discusión interna sobre nuevas medidas de fuerza. La combinación entre el deterioro económico, la pérdida de puestos de trabajo y los cambios impulsados por el Gobierno generó preocupación en distintos sectores del movimiento obrero.
Los datos que manejan los sindicatos refuerzan ese diagnóstico. Según el monitor mensual de Fundar, elaborado con cifras oficiales del INDEC, desde la llegada de Milei a la Presidencia cerraron más de 24 mil empresas. En paralelo, un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA indicó que se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo durante el mismo período.
Frente a este panorama, la CGT convocará en los próximos días a una reunión ampliada de su Consejo Directivo junto a representantes de distintos sectores productivos para definir una estrategia común. El objetivo, explican, es construir una respuesta política y sindical frente al modelo económico del Gobierno.
Aunque la posibilidad de una nueva huelga nacional todavía no tiene fecha, en la central remarcan que la herramienta «siempre está latente». No obstante, consideran necesario ampliar los consensos internos para garantizar una medida de fuerza con alto nivel de adhesión y alcance nacional.
Además de las acciones gremiales, la CGT avanza en la elaboración de un índice propio de inflación junto con especialistas de la Universidad de Buenos Aires. La iniciativa, que también busca incorporar a investigadores de la Universidad Católica Argentina y economistas de distintos espacios, podría presentarse durante el próximo mes de julio.
