Del otro lado del ring, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante salió al cruce con dureza, tildando la iniciativa oficial de «abusiva e inconcurrente». En respuesta, el gremio anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, argumentando que la desregulación vulnera de forma directa la seguridad náutica en los cursos fluviales.
Intimaciones de Prefectura y excepciones operativas
Frente al colapso logístico y el riesgo de desabastecimiento, la Prefectura Naval Argentina intervino enviando cédulas de «intimación perentoria» a los profesionales. A través de estas notificaciones, se les exigió la reanudación inmediata de la prestación bajo apercibimiento legal, amparándose en que la actividad de practicaje reviste carácter de servicio público esencial.
Pese a las advertencias oficiales, los trabajadores ratificaron el cese de actividades, aunque contemplaron excepciones estratégicas para evitar una crisis mayor: la medida no alcanza a los buques petroleros ni a las embarcaciones de gas licuado, garantizando así la cobertura energética interna y previniendo eventuales contingencias ambientales en los ríos.
