El proyecto plantea un serie de impuestos o regímenes de promoción a revisar. Se destaca también la revisión del de Tierra del Fuego.
El texto detalla expresamente que existen «beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas» y más adelante agrega: «El peso relativo de estos beneficios es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del FMI. En efecto, en un reciente comunicado de prensa, dicha institución ha recomendado la evaluación de la efectividad de los mismos».
Más adelante presenta un conjunto de gastos tributarios (es decir, el monto que el fisco deja de recibir por esos regímenes) que concentran el 60% del total y detalla en monto en pesos y en porcentaje del PBI.
Entre los gastos que detalla incluye la revisión de las alícuotas reducidas de IVA a algunos sectores, del impuesto a las ganancias a ONGs y cooperativas, y del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego. Para este último señalan que el gasto asciende al 0,35% del PBI y plantea la reducción gradual del beneficio.
Según el cálculo de Hacienda, la exención de Ganancias al Poder Judicial representa en 2022 un gasto tributario $129.105 millones, el equivalente al 0,16% del PBI. Para 2023, ese gasto asciende a $237.850 millones, también equivalente al 0,16% del PBI estimado para ese año.
Por último, en el texto agregan que «no contemplaría una política pública asociada a este beneficio. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados».