En una entrevista concedida al canal La Nación+, el presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), dijo al ser consultado sobre los fideicomisos: “Vamos a avanzar fuertemente contra las cajas negras de la política”. Y aseguró que, “si los tengo a tiro de decreto, son boleta” (sic).
El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó esta medida, al señalar que “el presidente decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos ‘cajas de la política’”. La medida se tomó luego de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara un inciso de la llamada “ley ómnibus” que le permitía al Poder Ejecutivo crear, modificar o eliminar fondos fiduciarios públicos.
En la actualidad, existen 29 fondos fiduciarios contemplados en el Presupuesto 2023 (prorrogado para 2024 por la gestión de Javier Milei).
¿Qué son los fondos fiduciarios?
Un fondo fiduciario o fideicomiso es un tipo de administración de recursos a través de la cual una persona u organización le otorga a otra persona o entidad la administración de ciertos bienes, con el objetivo de que los administre en favor suyo o de un tercero. Estos fondos pueden ser públicos (es decir, creados al interior de la administración pública) o pactarse entre privados (por ejemplo, cuando una persona entrega la administración de sus bienes a otra).
En el caso de los fondos públicos, es el Estado quien delega la administración de fondos a una entidad (que suele ser un banco público, por lo general el Banco Nación o el Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE-) para que los administre en función de determinada política pública, como el otorgamiento de un subsidio o la realización de una obra.
El funcionamiento de los fondos fiduciarios fue establecido por la Ley N° 24.441 en 1994. Esta normativa fue derogada en 2004 por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que estableció las regulaciones que rigen en la actualidad sobre la constitución y el funcionamiento de los fideicomisos.
Rafael Flores, economista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), dijo a Chequeado que “los fideicomisos son un instrumento que se pueden utilizar tanto en el sector público como en el privado para financiar determinados gastos, asegurándose de que los fondos se utilicen para un fin concreto y no se puedan desviar a otros propósitos”.
Es decir que los fondos fiduciarios tienen en todos los casos una asignación específica y los recursos no pueden destinarse a otros gastos presupuestarios, como al pago de salarios.
Los fideicomisos tienen diferentes fuentes de financiamiento: pueden conformarse por aportes del Tesoro Nacional, la recaudación de un impuesto específicamente creado para tal fin (por ejemplo, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego se constituyó a partir del cobro de un impuesto a las primas de seguros); el cobro de multas o el resultado de inversiones de los propios fondos (como el caso del Procrear, que se financia a partir de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES).