Reclaman la destitución del juez que censuró la publicación de los audios de Karina Milei

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El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó en los últimos días una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue y se destituya al juez federal Alejandro Patricio Maraniello. 

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El motivo es el fallo que dictó el pasado 1 de septiembre y que ordenó impedir la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. “Nuestro objetivo es que sea apartado de su cargo por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, expresaron desde la entidad en la presentación.

De acuerdo al escrito, la decisión del magistrado constituye un “bozal legal” con un “efecto intimidante” tanto sobre los medios de comunicación como sobre la ciudadanía. “Esto es un acto de manifiesta arbitrariedad”, remarcaron desde el Observatorio, al recordar que la prohibición se dictó en base a “una mera especulación de graves repercusiones”, dado que el propio juez reconoció que desconoce qué dicen los audios.
El organismo fue más allá y advirtió que la resolución “no es un simple error jurídico, sino una grave desviación de los deberes de un magistrado de la Nación, atacando la labor de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, y socavando la libertad de prensa y el derecho fundamental de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.
En su resolución, Maraniello había justificado: “Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
La causa se inició tras una denuncia del Gobierno nacional, que señaló una supuesta “operación de inteligencia ilegal” orientada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la circulación de grabaciones privadas. La Casa Rosada argumentó que se trataba de un hecho de gravedad institucional que ameritaba la intervención urgente de la Justicia.

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