De acuerdo con la investigación preliminar, las víctimas vivían en condiciones inhumanas, a oscuras, sin ventilación, sin poder salir a la calle y no tenían a su disposición la llave de la puerta para poder salir e ingresar según su voluntad.
Según indicaron vecinos de la zona, el taller funcionaba hacía varios años y a diario observaban la presencia de camiones de cargaban y descargaban telas, pero desconocían la presencia de familias que eran sometidas a la servidumbre.
A su vez, se determinó que se encontraban en una situación laboral irregular, bajo la modalidad conocida como “cama caliente”, una práctica ilegal, de extrema explotación, donde múltiples trabajadores se turnan para dormir en las mismas camas o colchones dentro del mismo establecimiento donde son obligados a trabajar de forma ininterrumpida.
Tras el allanamiento ordenado por el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal 11, el taller fue clausurado. Hasta el momento no trascendieron mayores datos respecto a los responsables del lugar.
Debido a la nacionalidad de varias de las víctimas, se requirió de la intervención de personal de Migraciones y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Además, asistentes sociales trabajaban en el interior para asistir a las víctimas y definir dónde quedarán alojadas tras el dramático rescate.
Del procedimiento también participó personal de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima y del área de Trata de la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
