Tras conocer la sentencia, el exgobernador de Entre Ríos que va a apelar el fallo, puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de la provincia Entre Ríos condenó al exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión efectiva por delitos contra la administración pública cometidos durante su gestión, entre los años 2007 y 2015.
El embajador en Israel aseguró que va a apelar el fallo y puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández: a las pocas horas, el Gobierno aceptó su dimisión.
El fallo lo firmaron los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes además le aplicaron al exmandatario provincial una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.
Sergio Urribarri siguió por videoconferencia la lectura de la sentencia e hizo un descargo tras conocerse la condena en su contra.
«El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón», escribió, vía Twitter.
«No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador», agregó.
El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador.
— Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) April 8, 2022
El Ministerio Público Fiscal había pedido 12 años de cárcel para el exmandatario provincial, por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La parte acusadora además había solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, convalidó los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.
En la denominada “causa de las imprentas”, donde se investigó la difusión de la precandidatura a Presidente de Urribarri, quedó acreditado para los jueces que hubo hechos delictivos por parte de todos los acusados (entre ellos Urribarri y otros exfuncionarios), a excepción de dos personas: Maximiliano Sena y Alejandro Almada, que “tuvieron que ver con los hechos, pero quedarían fuera de la condena por el paso del tiempo”.
La principal hipótesis apuntó al direccionamiento y cartelización de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas cuya propiedad se le adjudica a Juan Pablo Aguilera, otro de los acusados y cuñado de Urribarri según publica el diario Uno.
Asimismo, también se analizó el expediente por la publicación de una solicitada en contra de los “fondos buitres” en diversos medios de comunicación nacionales y provinciales. Al respecto, el mencionado tribunal entendió que Urribarri y Pedro Báez, otro de los acusados, “utilizaron fondos públicos para un interés netamente particular, disfrazado de un acto de gobierno”.
Los presuntos delitos incluidos en la megacausa fueron negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calcularon un desfalco de unos nueve millones de dólares.