El secretario de Justicia postula cuatro temas para analizar. Avanzan las discusiones legislativas sobre el futuro Código Procesal Penal para menores; mayores derechos a las víctimas en el fuero penal y sobre registración de personas jurídicas.
En comisiones de la Legislatura avanza la discusión sobre iniciativas referidas al sistema judicial que motoriza el Poder Ejecutivo y mientras tanto el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, abrió conversaciones liminares con sectores políticos para buscar entendimientos sobre posibles reformas a la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA), especialmente para darle mayores atribuciones al fiscal general, dotar de facultades a la Auditoría de Control de Gestión y cambios en el régimen disciplinario de fiscales. Son las ideas que pondrá en la mesa y recibirá también sugerencias legislativas. El funcionario es optimista sobre alcanzar acuerdos. «Hoy existen importantes sectores de la oposición abiertos al diálogo, para buscar consensos en determinados temas que pueden resultar constructivos para la sociedad» le dijo a El Litoral.
– Ejemplos
– Estamos avanzando positivamente con diversos integrantes de ambas cámaras legislativas para conciliar leyes en materia procesal penal juvenil, de mayores derechos a las víctimas, a la organización del Poder Judicial y a la registración de personas jurídicas.
– ¿Y en cuanto al Ministerio Público de la Acusación?
– Es un tema que ocupa. Por ahora sólo hay conversaciones sobre cuáles deberían ser los ejes por reformular en el MPA, para luego bosquejar un anteproyecto que merezca tratamiento legislativo con un alto grado de consenso.
– ¿Qué ítems cree que deberían abordarse?
– Liminarmente entiendo que resultaría útil reconfigurar las facultades del Fiscal General, confiriéndole atribuciones que hoy no cuenta y que están delegadas en los fiscales regionales; también dotar a la Auditoría de Control de Gestión de mayores facultades de superintendencia de gestión sobre la acción de los fiscales, especialmente sobre las condiciones en las cuales se accede al cierre de causas mediante juicio abreviado, sin que exista un proceso oral, público y contradictorio. Otro tema a discutir es el involucramiento de los fiscales en los medios de prensa, y finalmente reglamentar un nuevo proceso disciplinario. Sobre estos ítems deberían trabajarse los consensos.
– ¿Cree posible que ello pueda lograrse ?
– En una sociedad diversa y con grietas, el consenso no significa que todos piensen igual, sino que sea el resultado final del encuentro de posiciones diferentes. Ello sólo es posible si privilegiamos la institucionalidad y el equilibrio entre los poderes, mediante un debate serio y comprometido, con visión de futuro, dejando de lado cualquier mezquindad y la búsqueda del ‘me salvo yo’ para quedar bien con tal o cual línea de pensamiento o de poder. Fíjese la diatriba que generó la sanción de la Ley de Enjuiciamiento actual de los fiscales. Fue sancionada por casi unanimidad hacia fines de 2018 con una promulgación expresa y rápida del Ejecutivo, y luego validada su constitucionalidad por el máximo tribunal local, pero no obstante hoy sigue en tela de juicio y precisamente merece críticas de algunos que fueron parte en ese proceso, especialmente en la relación que les cupo en la causa que generó el motivo de su sanción y hoy, en contra de sus propios actos, son férreos detractores de la actual situación que coadyuvaron a oficializar.
– Si ello se alcanzara generaría otro cambio. ¿Posibilitaría mayor confianza en las instituciones?
– Es una ley que aún hoy plantea dudas, pese a la validación de nuestra Corte. Y tal situación hace que los involucrados pierdan confianza y actúen pensando que la ley no se aplicará totalmente, o consideran que se puede cumplir o no según las circunstancias. Esta duda no favorece a las instituciones porque éstas requieren de estabilidad legal y es eso precisamente lo que se requiere para generar confianza e información fidedigna para hacer seguras a las relaciones sociales e institucionales, entonces se requerirá del mayor consenso político sustentable en el tiempo.
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– En estos días se escucharon y leyeron críticas a las publicaciones periodísticas y en redes sociales en las que aparecieran tanto el fiscal general Jorge Baclini, como el ministro de la Corte Daniel Erbetta. ¿Qué consideración le merece?
– El ejercicio prudente de la actividad jurisdiccional es fundamental para obtener confianza pública, especialmente por aquellos que representan, uno a la cabeza del MPA y otro a la cabeza del Poder Judicial. Sin perjuicio de las capacidades académicas y jurídicas, y con el derecho que tiene todo hombre a su credo ideológico, la función judicial requiere de ciertas virtudes inherentemente ligadas al principio de independencia que demanda auto-restricción y modestia, fotos con políticos en campaña electoral, u opiniones políticas acerca del quehacer de otro poder del Estado transitan por fronteras que pueden afectar la institucionalidad y el principio republicano de gobierno. Todos tenemos libertad de expresión y de poseer convicciones políticas, pero hay matices por preservarse en la magistratura y en el ministerio fiscal, una es la neutralidad política, esencial para tener credibilidad y ofrecer imagen de imparcialidad, algo básico para evitar el avance de un poder sobre otro y desde un ángulo más la necesaria preservación de la confianza legítima que deben tener los ciudadanos y el quehacer político en quienes tienen investidura y representatividad pública.