Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino en calidad de amicus curiae, que es una figura que implica que un tercero puede presentar argumentos a favor de una de las partes en un litigio cuando se trata de una causa de interés público, según informó A24.
Ese fue el trabajo que les tocó a los abogados David E. Farber y Benjamin H. Torrance, de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyos argumentos ya están en manos de la Cámara de Apelaciones de ese distrito, la misma ante la cual Argentina apeló la semana pasada al fallo de Preska.
Como Argentina apeló, la decisión de la jueza está en suspenso. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intenta ganar tiempo, no tanto por afinidad política sino para evitar sentar jurisprudencia en un caso en el que privados buscan quedase con un bien estatal para el pago de una deuda.
El objetivo es, por ejempo, evitar que se pueda aplicar ese fallo de manera recíproca.
Aunque el documento presentado esta semana no es vinculante sí tiene un peso político. Lo que resta saber es si la palabra de los hombres de Donald Trump tendrá más valor que la de la administración anterior, a cargo de Joe Biden, que también respaldó a la Argentina en 2023.
Los argumentos del fiscal David Williams, que firmó el planteo de la administración de Biden, era que si la Justicia de Nueva York obligaba a la Argentina a entregarle el 51% de sus acciones a los fondos buitres como Burford Capital entonces se violaría la inmunidad soberana del Estado argentino.
Es decir, que la Justicia de los Estados Unidos no tiene competencia para ejecutar activos pertenecientes a gobiernos extranjeros, por lo que no le puede permitir a una firma hacerse con las acciones del Estado argentino en YPF.
