Un grupo de familias de un nuevo sector residencial de la localidad expuso la violación sistemática de las distancias mínimas de retiro para las fumigaciones. Alertaron sobre las graves consecuencias que tiene la deriva de venenos en los patios sobre la salud de los niños pequeños y exigieron la aplicación efectiva de la jurisprudencia que fija límites de amparo frente al perímetro urbano.
Un vecino de la localidad de San Carlos Sud, Juan Pablo, detalló el alarmante escenario de vulnerabilidad ambiental que atraviesan los hogares linderos a las zonas de producción agrícola del departamento Las Colonias. En diálogo con Andrés Battistella de 99 LATERAL TV, DERF.ar y El Municipal, el damnificado relató el derrotero de reclamos administrativos que llevan adelante y denunció que las pulverizaciones se ejecutan de forma clandestina durante las madrugadas para eludir los controles comunales.
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«No tenemos nada en contra de la producción agropecuaria, pero estamos en contra de que deriven veneno a nuestras casas»
Al profundizar en las variables territoriales que dieron origen a la organización colectiva, Juan Pablo describió cómo la falta de actualización normativa condena a los nuevos vecindarios de la planta urbana. «Construimos nuestras viviendas familiares en un barrio nuevo licitado por la comuna hacia el este del pueblo, apenas a dos cuadras de la plaza principal; las aplicaciones comenzaron a asfixiarnos en el perímetro urbano y la comuna se amparaba en una ordenanza obsoleta del año 2009 que fijaba apenas 50 metros de retiro, pero el descontrol es total ya que una inspección de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción cruzó el alambrado y ratificó que los productores fumigan directo contra la calle, sin respetar la distancia mínima ni ningún tipo de resguardo meteorológico», precisó respecto a las desprolijidades del sector agroindustrial.
Asimismo, el denunciante vinculó la reiteración de las fumigaciones terrestres y mediante tecnología de drones con una maniobra deliberada para consolidar el desvío de las responsabilidades civiles por parte de los dueños de los campos. «Las aplicaciones se ejecutan a las tres o cinco de la mañana como si uno no fuera a enterarse, pero nos despertamos desesperados con el olor penetrante del agroquímico metido en las habitaciones y una densa niebla tóxica que avanza con el viento del este hacia todo el pueblo; los niños pequeños respiran esto y la respuesta informal de la comuna fue decirnos que estas pulverizaciones no tienen diferencia con tirar un insecticida doméstico como el Raid, lo que constituye una falta de respeto fenomenal ante un reclamo que compromete de manera directa la salud pública», denunció sobre las evasivas institucionales.
Finalmente, Juan Pablo remarcó la necesidad de aplicar de forma urgente los marcos regulatorios de resguardo y exigió que el gobierno local se ajuste a los fallos emitidos por el máximo tribunal. «Tras las protestas logramos que se firme una ordenanza para fijar un retiro de 350 metros, pero le otorgaron una prórroga de 120 días a los productores demostrando que para la comuna las prioridades comerciales están por encima de la salud; los 350 metros quedan completamente cortos e ilegales frente a la Ley Provincial 11.273 y la sólida jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en los fallos favorables para Sastre, Ortiz, Piamonte y Zenón Pereyra, que clausuraron las fumigaciones fijando un límite absoluto de 1.000 metros de resguardo para proteger la vida de las familias», concluyó.
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Andrés Battistella
grupoderf@hotmail.com